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El INE conforma comisión para establecer precios de referencia de bienes importados solicitados por la Federación Nacional de Remo y Canotaje

El INE conforma comisión para establecer precios de referencia de bienes importados solicitados por la Federación Nacional de Remo y Canotaje

Guatemala, 16 de enero de 2025. El pasado 14 de enero, el Instituto Nacional de Estadística -INE- inició el proceso para conformar una comisión de bienes y suministros importados, en respuesta a la solicitud de la Federación Nacional de Remo y Canotaje de Guatemala. Este procedimiento tiene como objetivo establecer un precio de referencia o promedio para los bienes que se requieren importar, conforme lo estipula el artículo 5 del Decreto 57-92, Ley de Contrataciones del Estado.

Según esta normativa, una institución del estado o entidad autónoma puede importar bienes únicamente si cumplen con condiciones específicas: que el bien no se produzca localmente o en cantidades suficientes, que no existan representantes o distribuidores nacionales, o que el costo de importación sea menor al precio en el mercado local. En este caso, la Federación busca adquirir botes de remo bajo esta modalidad, ajustándose a los requisitos legales.

La Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 8, establece que la comisión encargada de determinar los precios de referencia debe incluir representantes del INE, de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y de la entidad interesada. Durante las sesiones, esta comisión revisa la documentación, resuelve dudas y acuerda los pasos a seguir para garantizar un análisis adecuado. Al concluir cada reunión, se firma un acta administrativa en la que se detallan los acuerdos alcanzados y las fechas para cumplir con los próximos requerimientos.

El procedimiento para solicitar una comisión de bienes y suministros importados requiere una petición formal dirigida al INE por parte de la entidad interesada, especificando la necesidad de importación del bien, de acuerdo con las disposiciones del Decreto 57-92.

Este proceso asegura transparencia y regulación en las adquisiciones públicas, permitiendo a las instituciones acceder a bienes esenciales de manera eficiente y conforme a la ley.